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Organizaciones de jóvenes y mujeres exigen justicia y reparación por el Feminicidio de Paula Santana.


Santo Domingo, D.N- La mañana del miércoles 25 de septiembre decenas de mujeres jóvenes se dieron cita frente a las instalaciones de la sede central de la Procuraduría General de la República para exigir justicia y reparación por el Feminicidio de Paula Santana Escalante, quien fue asesinada el pasado 21 de febrero en la zona franca internacional de las américas, donde trabajaba para Oscor Caribe Interger Holding.


Ante las recientes noticias del archivo de las causas contra Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (chuki) por falta de pruebas. Las manifestantes exigieron a la procuraduría Que se instale una fiscalía especializada para el esclarecimiento y presentación de los responsables del feminicidio de Paula Santana Escalante.


Hicieron especial énfasis en la responsabilidad que tiene la empresa Interger Holding en el caso, ya que operaban sin los permisos necesarios y en condiciones irregulares. Señalaron que la violencia y explotación es una situación constante y que hoy le costó la vida a Paula, pero que el riesgo sigue hasta que no haya una transformación en favor de las empleadas.

Rosa Rijo integrante de CEDUCA y vocera de la actividad, recordó que según datos del propio presidente Luis Abinader, al cierre de 2023, existían 820 zonas francas en operaciones en 87 parques, generando 197 mil empleos directos, de los cuales el 53% mujeres. Y que las ganancias de estos negocios aportan 3.3% del PIB (2022).


“Es responsabilidad de las autoridades del gobierno, pero también de los dueños y gerentes de estas empresas asegurar condiciones de salud, seguridad y desarrollo para sus empleadas”. Señaló Rijo.


Del mismo modo, las manifestantes recordaron que existe una peligrosa relación entre zonas francas, impunidad y feminicidio “Recordemos que el propio concepto de feminicidio se acuño después de los asesinatos masivos que sucedieron en Ciudad Juárez México, que comenzaron en la década de los noventas y por los cuales el gobierno de aquel país fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  No podemos permitir que una ola de violencia así se desate en el país, por eso es indispensable que este caso no quede impune, deben investigar y sancionar no sólo a los autores materiales del hecho, sino a todas las personas y estructuras que lo hayan hecho posible.


Finalmente mostraron su solidaridad con la Familia Santana Escalante y exigieron justicia y reparación.


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